Desde junio de 2015, la empresa HIDROGEA, concesionaria del servicio de suministro de agua potable en Abanilla, viene cobrando los recibos con un incremento por encima de lo que marca la ordenanza reguladora vigente, aprobada el 11 de febrero de 2014. Para hacer esto, la empresa se basa en el “ANUNCIO” que publicó el anterior alcalde del municipio en el BORM con fecha 28 de mayo de 2015, y que entró en vigor en junio, y sin haber pasado previamente dicha modificación por acuerdo plenario. Por esta razón desde junio de 2015 hasta ahora, los vecinos estamos pagando un precio del agua superior a lo que recoge la Ordenanza.
Habiendo tenido conocimiento de estos hechos a través del “BUZÓN DEL CIUDADANO” de IUMA, desde el mes de mayo de 2016, venimos recopilando y solicitando información del Ayuntamiento sobre dos cuestiones en concreto.
- La devolución o compensación de lo que se le ha cobrado de más a los vecinos del municipio de Abanilla en el último año en concepto de la tasa de agua potable, y que no corresponde con la vigente ordenanza reguladora.
Lo diga quien lo diga, IUMA sigue manteniendo que la ordenanza fiscal reguladora es la Norma Jurídica aplicable por encima de cualquier otro acto administrativo o ANUNCIO. Se debe modificar la ordenanza y aprobarla por el Pleno de la Corporación.
IUMA seguirá insistiendo en que se devuelva o compense a los ciudadanos del municipio el dinero cobrado de más, del reflejado en la ordenanza fiscal reguladora del suministro de agua potable.
- Inicio del procedimiento administrativo para la anulación del contrato de abastecimiento de agua potable entre el Ayuntamiento y la concesionaria AQUAGEST (ahora HIDROGEA), que se hizo en 2003 hasta 2028. En un principio se pidió la nulidad del contrato pero la Secretaría Municipal informó en la Comisión del día 25 de julio, que esto no era posible anularlo en un pleno y procedía iniciar un procedimiento administrativo, lo que conlleva realizar un informe jurídico para anular y modificar dicho contrato.
En la Comisión, el Alcalde manifestó que fueran los abogados de IUMA quienes realizaran el informe jurídico, a lo que la portavoz Mª Dolores Saurín le respondió que lo hiciera el gabinete jurídico del Ayuntamiento (Miguel Fructuoso, abogado representante de ALOMA Abogados, el gabinete jurídico de asesoramiento externo que tiene contratado el Ayuntamiento), que para eso le pagamos 30.000€ al año.
IUMA se basa en su informe jurídico privado aportado de forma altruista, que dice resumidamente, que este contrato se puede anular por ser una modificación sustancial donde se varía no sólo el plazo sino el propio objeto del contrato, pues pasó de ser una concesión de SERVICIO PÚBLICO en 1993, a una contratación de OBRAS Y SERVICIOS en 1999, con una adjudicación directa de las obras sin cumplir con los principios de publicidad y concurrencia exigidos entonces en la ley de 1995. Y además, la modificación fue a instancias de la concesionaria cuando esto debe ser una prerrogativa de la administración.
No consta acreditación que justifique el interés público. Y lo más grave, es que todo esto se hizo para hacer un pozo en la Cañada del Trigo (Jumilla), que jamás se hizo, y la inversión que suponía, según el acta de pleno donde se aprobó, ascendía a 82,42 millones de pesetas, que el PP aprobó que fueran sufragados por los usuarios del servicio a lo largo de 25 años más de contrato.
Y si no hubo pozo pero sí se amplió el contrato y se subió el recibo del agua, en el trasfondo ¿cuál es la verdad?
Por todos estos motivos y muchos más, que constan en el informe jurídico de IUMA, que serán contrastados con el informe jurídico oficial y el departamento técnico municipal, es por lo que desde IUMA creemos que procede su anulación y por tanto la apertura de un nuevo proceso de LICITACIÓN PÚBLICA que esté acorde a los principios de igualdad y transparencia, recogidos en el apartado de publicidad y concurrencia según recoge la ley.
Desde IUMA seguiremos insistiendo en todo ello y lo volveremos a poner encima de la mesa en el pleno de septiembre, teniendo la confianza de que algo haya adelantado el equipo de gobierno del PSOE y su gabinete jurídico porque más masticado no se puede dar.
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